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| Marcos Verbeek, ministro de Gobierno del Chaco. |
La jueza de Faltas de
Barranqueras, Sandra Saidman, denunció penalmente al ministro de Gobierno del Chaco,
Marcos Verbeek. Aseguró que el funcionario la llamó por teléfono y la amenazó
con iniciarle juicio político por un fallo en el cual anuló detenciones ilegales realizadas
en razzias policiales. Previa a la denuncia, Saidman notificó de esta situación al Superior Tribunal, al
Consejo de la
Magistratura y al Colegio y Consejo de Abogados de
Resistencia.
A las diez menos diez del sábado pasado (24/08/13), la Jueza de Faltas de
Barranqueras, Sandra Saidman recibió un llamado. Del otro lado de la línea se presentó un
funcionario del gobierno provincial. La saludó y luego le comentó, de manera
enérgica, que tanto el gobernador como su vice estaban muy molestos por una
serie de fallos en los cuales declaró ilegal casi una veintena de detenciones
realizadas en razzias policiales. A esta manifestación, le añadió una clara
amenaza que la repitió dos veces, para que quede claro de que la cosa era
seria: "Doctora, salga a los medios a solucionar esto o le voy a iniciar
juicio político". El funcionario usó su teléfono personal para llamarla.
Era el ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.
Tras la advertencia, el ministro cortó la comunicación.
Inmediatamente después, Saidman volvió a llamar al número en cuestión. Volvió a
atenderla Verbeek. En esta oportunidad, le recomendó al ministro (quien también
es abogado) que leyera la sentencia aludida, cuya copia ya había sido remitida
a su ministerio. Y que ahí encontraría el fundamento de la decisión judicial. Verbeek volvió a cortar la comunicación.
Este relato forma parte de la denuncia penal que este
miércoles (28/08/13) presentó Saidman ante la Mesa Informatizada
del Ministerio Público Fiscal. Previamente, el martes por la mañana, la jueza
remitió sendas notas comunicando los pormenores de este hecho al Superior
Tribunal de Justicia, al Consejo de la Magistratura , como así también al Colegio y al
Consejo de Abogados de Resistencia, quienes aún no se expidieron.
Que un ministro llame a una jueza
para cuestionar sus fallos y amenazarla con iniciarle un jury de enjuiciamiento es grave. Más aún cuando se trata de un integrante del Consejo de la Magistratura, encargado de designar y remover jueces. Por otra parte, el hecho
de apretar a una magistrada desde su celular particular (Saidman indicó
que el teléfono terminaba en “448” ,
el mismo con el que a diario Verbeek atiende a la prensa) muestra a las claras la notable impunidad
con que se manejó este integrante del gabinete provincial, sin que le pese en lo
más mínimo la posibilidad de que se pueda comprobar fácilmente de dónde salió la controvertida llamada.
Sandra Saidman, vale remarcar, es reconocida dentro del
fuero de la justicia local por ser una de las pocas juezas comprometidas de
manera total con la protección de las víctimas de violencia de género, el
respeto de los derechos individuales de las personas y el cumplimiento de las normativas
ambientales. Su prestigio y honestidad es reconocido por juristas todo el país.
Sin embargo, el gobierno provincial considera que sus pretensiones de respetar la Ley colisionan con la idea que
tiene el Ejecutivo sobre la denominada Seguridad, entendida ésta como una
suerte de carta blanca a la
Policía para meter preso a cualquiera que tenga cara de
delincuente.
¿Cuál fue la decisión que tanto molestó al Gobierno? El 5 de
julio pasado, la jueza resolvió declarar nulas las detenciones de 17 personas que
fueron apresadas en un procedimiento policial efectuado el 12 de julio de 2012, a las 20,30, en la
cancha de fútbol del Barrio La Lomita. Esa
El informe policial consignaba que ante un llamado por un
supuesto “desorden” los policías fueron al lugar y “constataron la veracidad de
lo informado”, observando la “presencia de una gran cantidad de personas, todos
masculinos, quienes se encontraban aglomerados promoviendo desorden”. Después
de ser “agredidos”, continua el informe, los policías detuvieron a todos los
“desordenados” y les secuestraron tres botellas de cerveza y tres envoltorios
“posiblemente” con marihuana por lo que se dio intervención al departamento de
drogas peligrosas.
Saidman consideró que la detención de los 17 involucradosfue "una razzia, resultando tal proceder una medida desproporcionada y
arbitraria, no existiendo razón alguna que pueda dar sustento a la misma".
Entre los fundamentos de la medida, la jueza sostuvo que "el autor del
informe policial no dio razones suficientes que validen la detención de los 17
involucrados, se limitó a calificar al hecho como un gran desorden y a
calificar a las personas aprehendidas como "desordenadas"; tampoco en
sede judicial aclaró en qué consistieron esos desórdenes". El autor del
informe policial es ni más ni menos que el suboficial, Hugo Olivello, acusado
de reiterados abusos policiales y detenciones arbitrarias. Entre ellas, la del reportero gráfico de El Diario de la Región, Gustavo Torres, en abril de 2010.
A partir de esta situación, y con este informe en su mano,
Saidman evaluó que "no resulta posible reconstruir los hechos sucedidos el
12 de julio de 2012 a
las 20,30 en la cancha del barrio La
Lomita de modo claro y preciso, y menos aún la intervención
que le cupo a cada uno de los 17 involucrados. Mejor aún, no hay posibilidad de
construir una hipótesis de imputación".
Finalmente, expresó: "Hubo en el presente caso una
actuación policial desproporcionada, no compatible en modo alguno con el desempeño
de una fuerza policial democrática".
Como parte de las medidas resueltas, Saidman dio
intervención al órgano de control institucional (OCI) de la Policía de la Provincia del Chaco,
"a efectos de la sustanciación de las actuaciones administrativas que se
estime corresponder", y también informó al Ministro de Gobierno, Justicia
y Seguridad de la Provincia ,
Marcos Verbeek, "atento a que se declaran arbitrarias las detenciones de
los 17 involucrados por habérselas llevado a cabo en un operativo policial de
razzia)".
Al hacer esta recomendación, Saidman citó el caso Bulacio.
El 19 de abril de 1991 Walter Bulacio, de 16 años, fue detenido arbitrariamente
por la Policía Federal
cuando intentaba ingresar a un estadio para presenciar un recital de rock en la
ciudad de Buenos Aires. La aprehensión fue parte de una detención planificada y
masiva de más de 70 personas (comúnmente conocida como "razzia"),
entre ellas varios menores de edad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales recuerda que en la
comisaría 35ª, Walter fue sometido a malos tratos. Al día siguiente lo llevaron
a un hospital, sin que sus padres ni un juez de menores hubieran sido
notificados de su detención, violando así la normativa vigente. Las condiciones
de detención y las prácticas violentas a las que fue sometido provocaron su
muerte cinco días después. Ningún funcionario policial fue responsabilizado por
la detención arbitraria, las violaciones a la integridad física y la muerte,
que permanecen impunes.
El caso Bulacio llegó hasta la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la cual calificó a las “razzias” como “incompatibles con
el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de
inocencia, de la existencia de orden judicial para detener —salvo en hipótesis
de flagrancia— y de la obligación de notificar a los encargados de los menores
de edad”.
Esta calificación y otras consideraciones sobre los efectos
de los abusos protagonizados por la policía, llevaron a la Corte a ordenar al Estado
que suprimiera las normas y prácticas de cualquier naturaleza que pudieran
entrañar una violación a las garantías previstas en la Convención Americana ,
y que desarrollara otras que procuren la observancia de tales garantías. La Corte también sentenció que
deben modificarse las condiciones de detención de las personas en general, y de
los menores de edad en particular. La urgencia de estas modificaciones
respondía, según consideró la
Corte , al deber del Estado de evitar, por todos los medios a
su alcance, la reiteración de casos como el de Walter Bulacio.
Aguante Sandraaaaaaaaaa!!!!
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